La peor forma de injusticia es la justicia simulada

Platón

Por Julian Santiesteban

La semana anterior, el Consejo Consultivo de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) sesionó, entre otros motivos, para presentar los resultados de la auditoría realizada a la concesionaria Aguakán, a la cual algunos presidentes municipales quintanarroenses pretenden retirarle la atribución de cobrar por el servicio, sólo que ningún presidente municipal llegó a la reunión. Claro, las campañas electorales ya pasaron.

Durante el proceso electoral 2016, la ex alcaldesa de Solidaridad, Cristina Torres Gómez, utilizó como “bandera electoral” el retiro de la concesión a Aguakán, por la irregular ampliación de la misma hasta ese municipio y porque, según se ha documentado, los más de mil millones de pesos entregados al gobierno estatal en los tiempos de Roberto Borge, para concretar dicho proceso, simplemente fueron “desaparecidos” de las arcas públicas, sin que hasta ahora logre sancionarse a alguien por ello; pero ya en funciones de alcaldesa Torres Gómez olvidó si compromiso y la concesionaria era activa organizadora de eventos del DIF en aquella demarcación. Prometer no empobrece, dicen.

Por ello cuando la ahora notaria número 60 quiso utilizar el mismo argumento para su reelección, en electorado no le perdonó el engaño; en contraparte, su rival y a la postre ganadora de los comicios, Laura Beristain Navarrete, también aseguró que retiraría la concesión por los marcados excesos de Aguakán, pero ahora que está al frente del gobierno solidarense y cuando de tomar acciones concretas se trata, todos aducen que “tendrán que analizar la situación.”

La CAPA logró mediante litigio intervenir las cajas de la concesionaria, por identificar que no entregó recursos a la paraestatal por el orden de 800 millones de pesos, y la auditoría realizada la presentó a los representantes de los ayuntamientos que acudieron a la reunión del Consejo Consultivo la semana anterior, sólo que en la reunión debieron estar los alcaldes integrantes de ese órgano colegiado para tomar decisiones, pero ninguno llegó, y obvio que los representantes dijeron que tendrán que reportar lo presentado a sus jefes.

Ciertamente las actividades de cada cual deben ser abundantes, pero el tema es toral considerando lo que tiene que hacerse y sus propios compromisos de campaña, a menos que el discurso se mantenga pero las acciones de fondo no lleguen, o           simplemente que no haya intención real de que Aguakán deje de operar… ya sabe el lector como suelen ser “las mieles del poder” y la capacidad corruptora el dinero “bajo la mesa.”

Y es que así como la campaña emprendida por legisladores como Marybel Villegas Canché en contra de Aguakán, debiera tener acciones de fondo en el Senado, pues hasta su propia bancada ha presentado iniciativa para prohibir la privatización del agua en todas sus vertientes, así los alcaldes debieran poner los pies en acción y honrar sus propios compromisos; pero bueno, tampoco se puede pedir “peras al olmo”; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.

COMENTARIO MORBOSO

Lo que inicialmente fue considerado un acto imprudente por parte del presidente municipal de Cozumel, Pedro Joaquín Delbois, al solicitar el refinanciamiento de la deuda del municipio que apenas ha comenzado a gobernar, en realidad pudiera ser una acción estratégica que sería incluso imitada en breve por el resto de los municipios cuyos endeudamientos ahogan las administraciones locales.

Y es que, ciertamente, Joaquín Delbois fue el primero en realizar dicha solicitud, pero en el capitalino Othón P. Blanco, Hernán Pastrana Pastrana, anunció incluso antes de tomar protesta que, si requería hacerlo, pediría un refinanciamiento para las agobiadas arcas othonenses; e incluso en Solidaridad o Benito Juárez habría acciones similares.

Más aun, considerando que el mismo gobierno estatal se encuentra en la búsqueda de un refinanciamiento a la deuda pública, la petición de Joaquín Delbois pudiera ser imitada por sus similares, considerando que la XV Legislatura local no tendría por qué negarles esa posibilidad, si a la entidad estatal sí se la ha aprobado. Visto así, no fue tan imprudente el movimiento cozumeleño; “vivillo desde chiquillo”; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.