México, 17 abr (PL) Autoridades mexicanas y autodefensas de Michoacán acordaron el desarme de esos grupos a partir del 10 de mayo próximo, pero analistas advierten hoy que el camino para alcanzar tal objetivo resulta complejo.

El pasado lunes, durante una reunión entre funcionarios federales y líderes de los colectivos civiles, se pactó que trabajarían juntos hasta esa fecha en el combate contra el crimen organizado, para después proceder a la disolución de los cuerpos comunitarios del estado.

Sin embargo, alerta este jueves el diario La Jornada, eso no debería inducir a un anticipado optimismo, pues entre las autodefensas hay diferencias de intereses que pueden convertirse en algo más si el Gobierno se equivoca en su búsqueda de equilibrios de por sí difíciles.

En los próximos días el Ejecutivo está dispuesto a aprovechar la energía y el conocimiento del terreno de los civiles armados, cuya actuación ha colaborado para capturar a varias figuras importantes del cártel de los Caballeros Templarios, la principal organización delincuencial en Michoacán.

Pero esta es la hora en que no sabemos a ciencia cierta cómo se dará el paso hacia las policías rurales o la formación de otras corporaciones municipales sin alimentar nuevos conflictos, señala el periódico.

Con eso la publicación hace referencia al convenio según el cual, luego del proceso de disolución, las agrupaciones deberán regresar a sus lugares de origen, pero quienes lo deseen se podrán incorporar a la legalidad como parte de las Guardias Rurales.

Al mismo tiempo, el diario El Financiero señala que existen versiones encontradas sobre la desintegración de los comunitarios.

Recuerda las palabras del Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo, quien afirmó tras la reunión del lunes que se procederá al desarme, desaparecerán las autodefensas legítimas, y quienes pretendan continuar serán detenidos.

Tales declaraciones, considera El Financiero, son contradictorias con las del vocero y líder de esos conjuntos, José Manuel Mireles, quien señaló que solo guardarían las armas e incluso tendrían un permiso para portar AR-15 de manera discreta.

Según Mireles, al no contar con protección quedarían expuestos a sus enemigos, por lo cual insistió que no se trata de un desarme, como se ha venido diciendo.

Aunque Castillo manifestó que quienes no cumplan esas reglas serán apresados, el portavoz de los comunitarios dijo que uno de los acuerdos asumidos hace cuatro días comprende la liberación de las personas detenidas por portación de armas.

Otra de las divergencias ha estado relacionada con Hipólito Mora, uno de los dirigentes de las autodefensas, pues en correspondencia con varias versiones, entre lo convenido estuvo también su excarcelación a cambio de disolver de los cuerpos civiles.

Ante esos rumores, la Secretaría de Gobernación aseguró la víspera que es falsa la existencia de un arreglo para intercambiar la desaparición de los grupos por la libertad de Mora.

Lo acordado fue público y aceptado en votación unánime y democrática, aquellos puntos fuera de los enlistados, señalados por voceros o representantes de los mismos conjuntos, carecen de validez, apuntó la dependencia.

Funcionarios federales y una veintena de líderes de autodefensas pactaron además que antes del 10 de mayo debe realizarse la captura de Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, principal jefe de Los Templarios, por lo que la desintegración está sujeta, además, al alcance de ese objetivo.

Las autodefensas surgieron en Michoacán hace más de un año para hacer frente a la escalada de violencia provocada por el crimen organizado, y en enero último, luego de intervenir en el estado, el Gobierno comenzó la colaboración con ellas en su lucha contra la delincuencia.

El pasado 3 de abril Castillo anunció el inicio del desarme bajo el argumento de que las autoridades habían recuperado el control de la seguridad en Michoacán, pero los miembros esos cuerpos condicionaron dicha acción a la aprehensión de, al menos, 100 Templarios.

Más allá de la disolución de esas instituciones civiles, medios locales califican también como un reto el qué pasará con la política de atención a las necesidades más urgentes de los habitantes del lugar, considerada crucial para la recuperación de la paz y la normalidad.