Por Felipe Pliego Platas

Años después de la consolidación del movimiento conocido como Revolución Mexicana, que posibilitó nuevos acuerdos sociales a través de una nueva constitución, la clase que perdió privilegios volvió a la lucha. Poco a poco fue insertándose en los espacios políticos para reposicionarse.

Lentamente, con movimientos discretos fue colocando a profesionales de la política, los cuales, como hábiles cirujanos, fueron haciendo perfectos cortes al sistema jurídico nacional para rehacer nuevas normas en su favor y actuar en consecuencia sin que éstas quedaran al margen de la ley.

Así, se desmanteló paulatinamente el artículo 123 que entre otras cosas establecía las garantías de un salario decoroso que posibilitará la satisfacción de las necesidades fundamentales del trabajador y su familia, jornadas laborales no mayores a ocho horas con derecho a un día de descanso cuando menos.

Ese marco legislativo que garantizó la seguridad de los trabajadores, fue paulatinamente erosionado por las reformas legislativas hasta dejarlos en la indefensión casi absoluta, pues con la inclusión y aceptación del outsourcing como medio para contratar personal, se diluyeron las jornadas laborales, el derecho a la asociación sindical y las pensiones, por mencionar algunos de los cambios en detrimento de la clase trabajadora.

En ese mismo sentido el artículo 27 que establecía como forma de tenencia de la tierra, la pequeña propiedad privada, la propiedad comunal y el ejido (este último, surgido como medida para evitar la venta de terrenos y garantizar la producción agrícola), fue poco a poco desmantelado.

La modificación del artículo 27 tuvo como propósito fundamental la desaparición del ejido, en su concepto original.

De la noche a la mañana el ejido entró al sistema de mercado. Con una velocidad inusitada, muchos ejidatarios se deshicieron de sus terrenos y dónde antaño crecieron orgullosos sembradíos de maíz, haba, frijol papa, chícharo o verduras nos encontramos con enormes edificaciones que albergan fábricas, gasolineras, unidades habitacionales y negocios comerciales de grandes corporaciones .

Por supuesto que el progreso es digno de alabar cuando los beneficios, consolidan sociedades más justas, cuando el progreso no abre más el abismo entre los ricos y pobres, lo cual, hasta el momento, no se ha dado.

En otros ámbitos de la vida pública las cosas no han sido distintas.

El marco jurídico que garantiza la educación gratuita también fue trastocado. En un intento por privatizar la educación, se impulsaron reformas que tenían como propósito abolir la responsabilidad del Estado para el sostenimiento de las instalaciones educativas.

Larga y tormentosa fue la lucha del magisterio para evitar dicho objetivo. La llegada del nuevo gobierno, ha detenido de momento, la vileza de dicho propósito.

Aunado a todo ese proceso contrarreformista, los políticos posrevolucionarios se han comportado como verdaderos crápulas: Sus actitudes rapaces los llevaron a distanciarse del sentido estricto de las funciones públicas para la que fueron elegidos y coludidos con la clase opulenta, se dedicaron durante décadas a desincorporar las empresas gubernamentales, bajo el argumento de que el sector público es incapaz de administrar con eficacia y eficiencia.

Teniendo como base, dicho argumento, fueron cediendo a la iniciativa privada, empresas solventes a precio de ganga.

Teléfonos de México, es un caso emblemático, aunque no el único. Para justificar su venta, se generó una percepción de inoperancia terrible.

Se tiene información que la misma empresa pagaba a personas para que destruyeran los teléfonos públicos haciendo casi imposible encontrar un aparato útil a muchas cuadras a la redonda.

Sumado a esta medida, los procesos de instalación de una línea telefónica privada llevaba meses y hasta años.

Por supuesto que ante estas condiciones, la población se convenció de que mantener esa empresa bajo el dominio del Estado mexicano era un verdadero dislate, así es que cuando se anuncia su venta, la sociedad lo ve como un acto lógico y hasta necesario.

El mismo esquema lo aplicaron para justificar la desincorporación de Luz y Fuerza del Centro, los ingenios azucareros, Ferrocarriles Nacionales de México y finalmente PEMEX. En el caso de esta última, los permanentes actos de corrupción, el abandono financiero a las refinerías, la colusión
entre funcionarios y bandas de criminales para el robo de exorbitantes cantidades de combustible, denominado coloquialmente como huachicol, terminaron por generar una crisis letal a la empresa.

La puntilla, para su evidente privatización fue el anuncio del supuesto “agotamiento de los yacimientos petroleros”, anuncio que a los pocos meses de haberse autorizado la comercialización de los energéticos, por parte del sector privado fue desmentido, pues sin rubor alguno, se informó de la localización de riquísimos yacimientos petroleros.

Frente a este panorama llega el nuevo gobierno. El trabajo para recomponer las condiciones que posibiliten un estado de justicia y equidad social, se ve arduo y difícil.

Esta columna desea a todos sus lectores, un año nuevo lleno de éxitos, salud y felicidad.