La recompensa del trabajo bien hecho es la oportunidad de hacer más trabajo bien hecho

Jonas Edward Salk

Si el titular de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) de Quintana Roo, Gerardo Mora Vallejo, pretende seguir al frente de esa paraestatal, este viernes deberá explicar con suficiencia al Congreso estatal la manera en que resolverá las deficiencias del servicio que presta la empresa a su cargo y los abusos del personal que en ella laboran, pues en el llamado “gobierno del cambio” se valen las denuncias, pero también se están resolviendo los problemas, mientras que el señalado no ha pasado de decir que le entregaron una instancia “quebrada”, mientras los pendientes se le abultan y la deficiencia del vital líquido aumenta en toda la entidad.

Ciertamente, la administración de Roberto Borge Angulo desapareció de la CAPA por lo menos mil 600 millones de pesos que debieron servir para corregir las deficiencias en el suministro de agua en todas las comunidades quintanarroenses y la modernización de la infraestructura necesaria para ello; pero si mientras se recuperan dichos recursos o se aplica la justicia al ex mandatario y su ex secretario de Hacienda, Juan Pablo Guillermo Molina, el servicio seguirá igual de deficiente, tal vez debiera valorarse dejar únicamente al personal operativo, pues los administrativos no tienen nada qué hacer, por lo menos así han actuado hasta ahora en que las quejas ya han llegado al Congreso de Quintana Roo.

Por lo pronto, Gerardo Mora Vallejo comparecerá ante la Comisión Transitoria de la Decimoquinta Legislatura del Congreso Local, para explicar presuntos abusos desde la Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal; dicha instancia es presidida por el diputado Fernando Zelaya Espinosa; en este caso se trata de por lo menos 70 casos en los que la paraestatal ha iniciado procesos de embargo en contra de usuarios por adeudos que oscilan entre los tres mil y diez mil pesos; pero es importante señalar también que la CAPA ha suspendido el servicio, lo que es inconstitucional. Por cierto, los funcionarios aseguran no suspender el servicio, pero de ello hay constancia hasta con los oficios dejados en los domicilios; y eso corresponde ya a su gestión, aunque hasta ahora las críticas les hagan “lo que el viento a Juárez.”

Así, ya que el Congreso investigará los abusos administrativos de la CAPA, ojalá los legisladores aprovechen también para exigir respuestas –no excusas- a la larga lista de deficiencias en el servicio de la paraestatal; recuérdese que los procesos electorales se acercan, son estos los tiempos de dar y prometer, de exigir y jurar soluciones, porque tanto funcionarios como legisladores son susceptibles de ser candidatos, que lo hagan, por lo menos, a manera de “precampaña”; ¿o a poco luego también van a ofrecer puros pretextos? así se observa desde aquí, A Tiro de piedra.