A mis amigos, justicia y gracia; a mis enemigos, la ley a secas

Benito Juárez García

La detención –y hasta ahora tentativa liberación- de Juan Vergara Fernández, ex secretario de Finanzas y Planeación de Quintana Roo, se convirtió en un escándalo nacional, al acusar a la Procuraduría General de la República (PGR) de actuar con consigna política, alejándose de lo sustantivo, que debe ser contener el daño al proceso electoral, el primero en la administración de Carlos Joaquín González y en el que tendrá que refrendar mucho más que el triunfo que lo llevó al poder en 2016.

La cuestión central en medios de comunicación se ha centrado en si Vergara Fernández seguirá siendo o no precandidato, sin aportar mayores elementos que la defensa “por cariño” o la condena por consigna, cuando lo que debiera dejarse claro es que, hasta ahora, aun cuando este lunes la PGR difundió un comunicado en el que anunciaba la vinculación a proceso del aspirante a la diputación federal por el Distrito 3, la candidatura aún es posible; pero lo que debe valorarse es la pertinencia de sostenerlo en la misma.

En redes sociales, en grupos diversos de periodistas se ha discutido el tema, pero pareciera que nadie se atreve a plasmarlo por excesiva prudencia, prevaleciendo la versión de ataque político desde el gobierno de la República; que ciertamente en algo se comprobó, al acelerar la PGR los tiempos ejecutorios, pero eso no ha abonado a la causa de Vergara Fernández, por el contrario, pues fue detenido el sábado pasado y liberado al siguiente día, pero la virulenta reacción mediática acusando a la federación de mezclar la ley con la política tuvo un final nada feliz: la vinculación a proceso. Y si se insiste, no habrá mártires, pero sí probablemente un proceso bastante expedito.

Quien en México participa en política, acepta reglas tácitas sobre el ejercicio del poder y, si se considera que a nivel nacional, en promedio, la mitad de los reos permanecen sin sentencia, (4 de cada diez en los delitos del fuero común, y 6 de cada diez en los del fuero federal) resulta evidente que los casos que se resuelven son los que “convienen”, sea para mitigar escándalos a las autoridades, sea para “facilitar” el ejercicio del poder. Así ha sido y no hay visos de mejoría.

Así, más que sostener lo “político” del actuar de la federación -¿acaso a nivel de las entidades es diferente?- debiera estarse actuando en la recomposición de las candidaturas y la contención en la afectación del proceso; porque Juan Vergara Fernández seguramente resolverá sus asuntos privados, pero mantener el poder y ganar elecciones es una tarea de estado.

COMENTARIO MORBOSO

La declaración más clara sobre el caso Vergara la ha dado hasta ahora el precandidato a la diputación federal por el Distrito 1 y ex jefe de Despacho del gobernador, Miguel Ramón Martín Azueta, quien reconoció la amistad con el aun precandidato y destacó además que junto con el mandatario actual lucharon por ganar las elecciones en 2016, pero recalcó que su detención enrareció el ambiente político.

Puntualizó Martín Azueta que no ha platicado con Vergara Fernández, pero le deseó que esté bien. No es que se “desmarquen”, es que el proceso electoral sigue y hay once alcaldías por ganar, cuatro diputaciones federales y las dos senadurías; pero si la campaña es posible y todos aceptan el riesgo, pues entonces nada pasa; si los procesos judiciales y la política no se mezclan, entonces algo falta por hacer; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.