México (PL) La desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa es un hecho que conmueve no solo a la sociedad mexicana sino también al mundo.

Es un eterno y reiterado grito de padres y familiares: ÂíVivos se los llevaron!, ÂíVivos los queremos!, que retumba en lo más profundo de las almas.

Dos años y tres meses en que no se encuentra consuelo ante el desconocimiento del paradero de los jóvenes desde aquellas lúgubre noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014 en que nunca más se les volvió a ver.

El exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, ahora tras las rejas, fueron identificados como autores intelectuales de la desaparición.

Los 43 jóvenes asistían a la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, donde todavía se mantienen sus pupitres vacíos.

VERDAD HISTûRICA, SEGÚN LA PGR

Por esa época, el entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo, dio a conocer el recuento y el móvil de los hechos, el modo de operar y los motivos del grupo delictivo Guerreros Unidos.

También, las razones de la policía y de funcionarios de los municipios de Iguala y Cocula, así como el aval de acción dado por Sidronio Casarrubias (preso).

Durante la noche del 26 de septiembre de 2014, era el propósito disuadir a un grupo de personas para no hacer acto de presencia en el evento donde estarían Abarca y su esposa.

El motivo de la actividad era rendir un informe del Desarrollo Integral de la Familia municipal, que Pineda presidía.

Esa noche, estudiantes de la normal de Ayotzinapa llegaron en dos autobuses al municipio guerrerense de Iguala, donde tomaron dos unidades más, pues querían recaudar fondos para financiar sus estudios, entre otros objetivos.

Según las investigaciones de la PGR, Abarca ordenó a la policía local «enfrentar» a los estudiantes, orden que cumplieron los agentes, causando la muerte de tres normalistas y otros tres civiles.

La llamada «verdad histórica», proclamada por Murillo, relataba que los jóvenes fueron entregados al Grupo Guerreros Unidos, quienes los incineraron en el basurero de Cocula.

Versión que rechazan hasta hoy los padres y familiares de los 43 e incluso el Grupo Interdisciplinario  de Expertos Independientes (GIEI), el cual laboró en el país en las investigaciones.

Fue desmentida por el GIEI, que además descubrió el involucramiento de Tomás Zerón de Lucio, entonces con un importante cargo, en la alteración de los hechos y la probable «siembra» de evidencias en el Río San Juan.

Guerrero es considerado el estado con mayor presencia de carteles, células y pandillas vinculadas al narcotráfico en México, que se traduce en violencia y asesinatos.

AVANCES DURANTE 2016

Aunque la mayoría de la sociedad mexicana y extranjera opina que no se ha manejado el caso con celeridad y transparencia y sí con un velo de impunidad, entre los logros de este año podría citarse la captura de Felipe Flores.

El exdirector de Seguridad Pública de Iguala fue aprehendido, no obstante, tras dos años de estar prófugo de la justicia.

Flores es primo de Abarca y está acusado de los hechos de Iguala.

Era el único involucrado en el caso Ayotzinapa que se encontraba fugitivo, según trascendió en medios locales.

Hay más de 100 detenidos hasta la fecha, entre policías municipales y sicarios del citado grupo criminal por este caso, conocido además como el crimen de Iguala.

Hasta abril de este año se habían realizado tres peritajes sobre la incineración de cuerpos en el basurero de Cocula, sin encontrar evidencias.

En agosto de 2016 Epifanio Álvarez, padre de uno de los jóvenes desaparecidos, ratificó que el diálogo con la PGR quedaba interrumpido mientras Tomás Zerón de Lucio siguiera al frente de la Agencia de Investigación Criminal.
Lamentó el paso del tiempo y que aún se desconozca el paradero de los estudiantes y lo que realmente pasó con ellos, entre los cuales se encuentra su hijo, Jorge Álvarez.

Zerón de Lucio salió este año de la Agencia de Investigación  Criminal. Ahora es el actual secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional.

Cabe recordar que renunció el 14 de septiembre a dicha agencia en medio de críticas de los padres de los 43 normalistas.

Ya Arely Gómez no es la titular de la PGR y fue ella quien llevó durante un tiempo -que abarcó este año- el caso de los 43; y ocupa ahora el cargo de secretaria de la Función Pública, mientras que el actual titular de la PGR es Raúl Cervantes.

En octubre de este año, Gómez reveló que ya cumplieron 93 por ciento de las 941 peticiones de los miembros del GIEI.

Aseguró que las autoridades realizaron una investigación abierta, exhaustiva y sin precedentes, la cual consta de 271 tomos e incluye 851 acciones de búsqueda y mil 705 intervenciones periciales.

Asimismo, la toma de 951 declaraciones; 135 muestras de ADN y 20 cateos, la detención y consignación de 160 personas y 120 detenidos, dijo en ese momento.

Pocos cambios o enroques -como suelen llamar aquí- y escasos progresos si se viene a ver, pues hasta ahora no se hizo realidad la demanda de los padres de enjuiciar a Zerón de Lucio.

Este es acusado por los familiares de los normalistas de colocar pruebas falsas en el basurero de Cocula, donde se encontraron bolsas con restos humanos.

Transcurre el tiempo y sigue oculta la verdad sobre el caso Ayotzinapa, y los jóvenes continúan en un paradero desconocido, ahondando cada día las heridas de padres y familiares.

Más temprano que tarde será descubierto este misterio, el lamentablemente mejor guardado de las últimas décadas en México.