Pensamiento lateral: ¿Legalizar o no la marihuana?

La marihuana causa amnesia, y otras cosas que no recuerdo.

Woody Allen (1935- ) Director y actor estadounidense.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acaba de hacer historia en un tema que ha despertado polémica, así como también los 4 ciudadanos que, sintiéndose agraviados, acudieron al máximo tribunal para encontrar justicia. Y la hallaron. Josefina Ricaño, Armando Santacruz, José Pablo Girault y Juan Francisco Torres Landa, miembros de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante podrán, a partir de ahora, realizar actividades que están relacionadas con la siembra, cultivo, transporte y consumo de marihuana. Así de llano y simple.

¿En qué se basó la Corte para determinar la procedencia en la siembra y consumo de la marihuana como un acto legal para estas cuatro personas? ¿Cuáles fueron los fundamentos jurídicos y sobre todo, que implicaciones tendrá en el plazo inmediato para los actores políticos y la sociedad en general en México? Si bien la Suprema Corte no determinó que la marihuana pueda ser consumida en México abiertamente, no menos cierto es que dejó aperturado el camino para que otros ciudadanos sigan el mismo procedimiento para conseguir el amparo de la ley y consumirla. No dudo que así será. Pero también el fondo de esta sentencia obligará al Estado mexicano a entrar al debate sobre su posible legalización.

Con base en la Encuesta Nacional de Adicciones 2011, en México, el consumo de la marihuana incrementó de 0.8% a 1.5% en la población. Asimismo, la edad promedio de consumo disminuyó, pasando de los 20.6 a los 18.8 años de edad. En general, en el país existen aproximadamente 5.7 millones de personas consumidoras de la hasta hoy droga ilegal, de los cuales 550 mil están declarados como dependientes. Estos datos hacen de la marihuana la droga más consumida en el país.

En este mismo orden de ideas, de acuerdo al estudio denominado Legalización de la marihuana, ¿a qué precio?, realizado por el Instituto Nacional de Psiquiatría y el Centro de Integración Juvenil, la marihuana posee alrededor de 400 componentes químicos y las consecuencias a la salud pueden ser: respiratorias, taquicardia, hipertensión, mal formación en los neonatos o incluso la muerte súbita, infertilidad, arritmias cardíacas, trastornos de ansiedad, depresión, esquizofrenia, episodios de suicidio y, hasta un 70% de posibilidad de contraer cáncer, principalmente de testículos, entre otras causas.

Es evidente que toda droga, y más aún si ésta se consume en exceso, genera un daño irreversible a la salud. Sin embargo, la resolución de la Corte privilegió el derecho humano que tenemos las personas a decidir sobre nuestra integridad. Es claro que hoy, un porcentaje importante de la sociedad mexicana tiene fuertes resistencias hacia la regularización de determinadas drogas. No por ello la encuesta de agosto de 2013 que realizó Gabinete de Comunicación Estratégica reflejó una oposición del 49.6% a legalizar la marihuana. Más aún, el 53.1% se manifestó en contra de usarla con fines recreativos; un 34% pensó que legalizarla aumentaría la violencia en el país y 45% que, en caso de hacerlo, el gobierno debería controlar su producción.

El tema de la legalización de la droga ilegal más consumida en el país es un debate que debe atenderse y no por cualquier actor político. Más importancia tiene cuando las estadísticas nos muestran que México es el segundo productor a nivel mundial de marihuana con 12 mil hectáreas (2011), sólo después de Marruecos.

Coincido en lo que algunos analistas señalan que el Senado sería un espacio idóneo para la discusión del tema, puesto que el equilibrio de fuerzas, el debate y las ideas tendrían mayor nivel de exposición. Sin embargo, ¿por qué tiene que ser el Poder Judicial quien ponga en la antesala los grandes temas en México? Un antecedente inmediato fue sin duda el matrimonio entre parejas el mismo sexo y ahora vuelve a abrir camino con la marihuana. ¿Por qué entonces el Poder Legislativo y más aún el Ejecutivo son meros actores reaccionarios? ¿Por qué abren el debate por efecto y no por iniciativa?

Lo anterior es reflejo de la postura que hasta los últimos días han manifestados las fuerzas políticas con mayor presencia: el PRI no rechaza el debate pero considera que la consulta pública ayudaría a solucionar la posible legalización; el PAN, más reservado, propone un debate; el PRD es el único que apoya la medida de la legalización abiertamente. A pesar del evidente rechazo social que existe en torno a la legalización de la marihuana, ésta responde más a la construcción de una idea asociada a que si se permitiera su producción y consumo con fines lúdicos, generaría un gran daño a la salud de las personas. Este prejuicio bien puede ser rebatido: en el país como en gran parte del mundo, la venta de otros productos –por no llamarlos drogas- han provocado males similares a la salud y se hace de forma legal, como el alcohol y el tabaco, por sólo señalar dos ejemplos. La pérdida de vidas humanas, producto de la persecución y combate al narcotráfico es otro de los grandes costos que el país ha tenido que soportar. El resultado de una política pública que persigue y sanciona la producción, consumo y venta de esta droga, ha tenido un alto costo no sólo en la salud sino en lo económico.

Existen, además, ejemplos internacionales que bien pueden servir de modelos para una regulación, en caso de aprobarse la legalización. Uruguay, sin duda, es el primer país que dio ese paso en 2013. Con la creación del Instituto de Regulación y Control de Cannabis, el gobierno del entonces Presidente José Mújica, regulará la entrega de plantas para la producción de marihuana. Otras regulaciones que el gobierno sudamericano aprobó fue que la portación puede ser de hasta 40 gramos por persona mensuales, misma que puede ser adquirida en farmacias (en México la posesión es de 5 gramos), el cultivo personal máximo por hogar es de 6 plantas y su publicidad está restringida al igual que su consumo en lugares públicos cerrados.

Este y otros modelos bien pueden permitir conocer bajo qué criterios se está regulando la marihuana, sus efectos no sólo en la salud sino también en su valor comercial en el narcomenudeo y el impacto que puede tener sobre éste.

Grafica-Mariguana

PAÍSES DONDE LA MARIHUANA ESTÁ REGULADA.

Fuente: elaboración propia con datos de: http://de10.com.mx/vivir-bien/2014/10/29/10-paises-donde-el-consumo-de-marihuana-es-legal y https://circulodeanalisiseconomicodelderecho.wordpress.com/2015/03/14/analisis-economico-de-la-legalizacion-de-la-marihuana/

Estos y otros países son claros ejemplos de experiencias que pueden ayudar a la construcción de un debate serio, informado y con resultados tangibles. Combatir las drogas genera un alto costo económico y en pérdidas humanas, por lo que es necesario abrir el tema a una discusión que genere nuevas alternativas. La Corte, de nueva cuenta, puso el puente para el diálogo. Dependerá del Ejecutivo, los partidos, el Congreso y la sociedad analizar cuáles son los costos y beneficios inmediatos que la legalización de la marihuana puede tener. Yo no soy consumidor pero creo que una regulación bien planeada, ayudará a solucionar uno de los grandes problemas de este país. Además, creo también que cada persona tiene el inalienable derecho a decidir qué consumir y que no, como lo hacemos hoy en día con el tabaco y el alcohol. De hecho, el año pasado, en 20 estados el país el consumo de esta droga fue superior al del alcohol y el tabaco. Lo primero, pues, será derrumbar esa construcción social que resulta insostenible ante tanto costo de vidas.

El tintero.

La ciudad de Cancún está siendo afectada por un número inusual de homicidios contra mujeres, mismo que ha abierto el debate sobre si éstos corresponden o no a feminicidios. La ley establece parámetros para distinguir un homicidio de un feminicidio, por lo que es importante conocer los detalles de las muertes de las hasta hoy 5 mujeres asesinadas en un lapso menor a un mes. No dudo que, ante tantos problemas sociales y de seguridad, exista dicha clasificación en no menos de un par de ellas. Son la consecuencia de políticas públicas erróneas en materia de seguridad y prevención.

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