De Benito Juárez a Édgar Elías Azar

BLAS A. BUENDÍA

blasalejo@yahoo.com

-Cumplirá el Tribunal de Justicia del Distrito Federal, 160 años de su promulgación
– La Ley Juárez, aun vigente, ha sido el soporte jurídico apabullante para el fuero de militares y eclesiásticos

En un día, exactamente el 23 de noviembre de 1855, fue promulgada la Ley Juárez en México, misma que suprimió los tribunales especiales aboliendo los acostumbrados fueros militares y religiosos.
Los miembros del ejército y del clero podrían ser juzgados por cualquier tribunal del Estado en asuntos civiles, no obstante persistieron los tribunales militares y eclesiásticos para juzgar los delitos penales, aunque se recomendó al clero abandonar su fuero para estos casos.
La Ley Juárez es considerada como la primera promulgada de las Leyes de Reforma, y que independientemente del gran valor taxativo histórico del estado de Derecho que guarda la Nación, algunas de sus reformas han sido certeras y otras no.
Desde la promulgación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), la capital de la República ha sido un escenario en que el método de las libertades han ido al fracaso, es decir, los usos y costumbres que ancestralmente se gozaban de ello, pasaron a un segundo plano, sobre todo porque en fecha reciente la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó prácticamente la legalización de la marihuana lo que viene a dar al traste los principios de esta Gran Nación.
En 160 años han desfilado 63 presidentes en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, y entre todos sus patronos quienes han sido motivo del ajuste de cuentas en relación a las críticas de la sociedad, son contados.
El Magistrado Saturnio Agüero Aguirre fue uno de los impartidores de justicia que inició con la expresión de polémicas, toda vez que el Presidente del TSJDF en turno, siempre se había conducido con la secrecía necesaria para no ser juez y parte de miles de asuntos que se ventilan en la Casa de la Justicia de la Ciudad de México.
Otro de sus protagonistas que ha sido el encomio entre Jueces y Magistrados, topándose con el llamado “fuego amigo” de los partidos políticos y las Barras de Abogados, ha sido el doctor en derecho Édgar Elías Azar.
Y pese a lo que pudieran considerar los estudiosos del derecho vanguardistas en México, se valora por igual que el ejercicio del político y jurista oriundo del estado de Guerrero, dentro del sector judicial capitalino, ha sido más que encomiable, certero porque es un hombre audaz, diestro, experto, hábil, eficaz, seguro e infalible; es decir, Édgar Elías Azar es un jurista que posee dones de Estadista aun cuando sus críticos no estén de acuerdo en su operatividad.
Elías Azar pasó a la contabilidad histórica de convertirse en el presidente 63 del TSJDF desde que el ex presidente Benito Juárez institucionalizó este Tribunal, el 23 de noviembre de 1855, y que para el lunes 23 de noviembre, encabezará el primer acto ceremonial en que presidirá como presidente mega-reelecto para hacer una semblanza histórica sobre el particular.

Marco histórico y promulgación

Tras la victoria de la Revolución de Ayutla, Juan Álvarez asumió la presidencia de México el 4 de octubre de 1855.
El político y jurista oaxaqueño Benito Juárez García fue designado secretario de Justicia,
Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública del nuevo gabinete, el 23 de noviembre promulgó la nueva ley, la cual fue redactada con la colaboración de Manuel Dublán e Ignacio Mariscal.
Juárez, quien era un liberal radical, o “puro”, pretendió eliminar todo los privilegios a militares y religiosos, sin embargo el secretario de Guerra, Ignacio Comonfort, recomendó al presidente Álvarez prudencia para esta ley, por tal motivo se mantuvieron los tribunales castrenses y eclesiásticos para juzgar los casos en materia penal.
Pese a ello y desde esa época, ambos sectores del poder político mexicano han tenido un desprestigio porque sus actores se han apartado del estado del Derecho; primero porque los militares se han visto en conflictos de intereses por la mala conducta hacia la sociedad, que en palabras llanas, han violentado los derechos humanos.
Y el sector de las sotanas, no ha gozado pero en nada que “los perdone Dios”, ni nada por el estilo, sino que han sido objeto del escarnio popular por los delitos de pederastia en que han incurrido bajo el cobijo deslumbrante de su Dios que sigue siendo una víctima ancestral de estar colgado por más de dos milenios en una cruz de madera que para muchos religiosos es un sacrilegio hablar mal de él o de ella.
Empero, los militares y los curitas metafóricamente tienen una áurea de impunidad, si bien poseen sus leyes orgánicas, no son suficientes para enjuiciar a esos impunes diablillos que la propia sociedad sigue exige justicia para castigar a quienes han cometido lesas infracciones en contra de la humanidad.
La ley Juárez se conformó por setenta y siete artículos y cuatro transitorios. Del artículo 23 al 47 se establecía crear una Tribunal Superior de Justicia en el Distrito de México conformado por tres salas: dos unitarias de segunda instancia y la de tercera instancia compuesta por tres magistrados; se deberían crear cinco juzgados para el ramo civil y cinco juzgados para el penal, se establecerían además los juzgados de paz y las alcaldías.

Reacciones y consecuencias

Al día siguiente de la promulgación, Juárez envió una copia de la ley al Arzobispo de México, José Lázaro de la Garza y Ballesteros.
El día 27, después de haberse reunido con su cabildo, el Arzobispo se pronunció en contra de la ley considerándola atentatoria a los derechos de la Iglesia católica, especialmente lo tocante a los artículos 42, 44 y 4°. transitorio sobre los tribunales eclesiásticos.
De la Garza, sus obispos sufragáneos y los miembros de su clero, se negaron a renunciar a su fuero apelando la decisión de la Santa Sede.
El Arzobispo de Morelia, Clemente de Jesús Munguía, protestó en contra de la ley aduciendo que el fuero eclesiástico estaba apoyado en el derecho divino, natural y positivo.
De igual forma protestaron, el obispo de San Luis Potosí, Pedro Barajas y Moreno, el obispo de Guadalajara, Pedro Espinosa y Dávalos y el obispo de Puebla, Pelagio Antonio de Labastida y Dávalos.
Por otra parte, la Ley Juárez fue repudiada por los periódicos conservadores La Cruz, La Verdad o La Patria, pero aclamada por la prensa liberal, como El Monitor Republicano o Don Simplicio.
La sociedad comenzó a polarizarse, por una parte se escucharon los reclamos de “¡religión y fueros!”, y por otra parte la contra-réplica: “¡No más fueros! ¡No más privilegios! ¡Igualdad para todos los ciudadanos!”.
El 25 de junio de 1856 -cuando todavía continuaban los reclamos en contra de la Ley Juárez-, fue promulgada la Ley Lerdo la cual desamortizaba los bienes del clero, las protestas se incrementaron.
No obstante, tanto la Ley Juárez como la Ley Lerdo fueron ratificadas y aprobadas en todas sus partes por el Congreso Constituyente que redactó la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857.
El papa Pio IX se declaró en contra de la legislación mexicana, a la que consideró contraria a los derechos, el dogma, la autoridad y la libertad de la Iglesia.
Si bien los conservadores iniciaron sus reclamos desde el momento en que se dio a conocer la Ley Juárez, la promulgación de la nueva Constitución incrementó su reacción culminando en el de la Proclamación del Plan de Tacubaya, sus adhesiones y, consecuentemente, en el inicio de la guerra de Reforma.
A 160 años de todos esos acontecimientos que guarda la historia de México, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal se viste de plácemes sobre todo porque ha sido un ente que ha brindado la balanza de la estabilidad de la paz social, junto con el valor taxativo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
A pesar de los vaivenes que ha conllevado la llamada Globalización aplicada en las acciones turbias del neoliberalismo, éste movimiento político y financiero ha generado opulencia, abundancia, riqueza, profusión y exuberancia, sin remediar la sed y de justicia, frente a todos los pueblos que se están muriendo de hambre.

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